Entre los sentimientos religiosos y la libertad de expresión

El caso contra Drag Sethlas, denunciado por Abogados Cristianos, fue archivado

Son casos tan mediáticos que parece que comiéramos con ellos todos los días. No es así. Los juicios por ofensas a los sentimientos religiosos son pocos, pero aún son menos las condenas que provocan. Sin embargo, sus consecuencias para la libertad de expresión y el procedimiento penal empiezan a notarse.

Un artista que formó con más de 200 hostias la palabra Pederastia, un chaval de 24 años que hizo un fotomontaje con su cara sobre la de un cristo y lo subió a Instagram, dos cómicos televisivos que calificaron al Valle de los Caídos como “esa mierda”, un cantautor que enseñó a cocinar una figura de un cristo. Todos estos hechos fueron denunciados como afrentas a los sentimientos religiosos, y todos salvo uno (el del chaval que colocó su cara en un cristo), terminaron siendo desestimados. Pero en todos los casos se obligó a los acusados a sentarse en el banquillo. Es la fuerza del artículo 525 del Código Penal, un artículo con un enorme poder para convocar a investigados y medios, pero con poco peso para condenar. Según la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en 2017 sólo hubo una sentencia por el artículo 525, cero en 2016 y una en 2015.

Introducido en el Código Penal de 1932, reforzado en 1944 y retocado en 1995, el artículo 525 castiga a aquellos que “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente (…) escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. No vale con soltar cualquier improperio antirreligioso, que sería lo que conocemos como blasfemia (figura penal introducida en 1944 y abolida en 1988), sino que tiene que tener la intención de ofender. La clave es la intención.

“Por desgracia hoy en día se dicen muchas frases que podrían ser ofensivas, pero no todas ellas son delito. Si ahora me dices ‘Yo no creo en Dios’, pues a mí en cierto modo me puede ofender, pero sé que me lo estás diciendo no con un trasfondo de ofenderme ni de humillarme”, explica Alejandra Soto, miembro del equipo jurídico de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Soto pone como ejemplo contrario el caso de Willy Toledo, a quien la asociación denunció por escribir en su muro de Facebook que se cagabaen la Virgen del Pilar, entre otros comentarios. “Lo dijo para herir”. (En el momento en que se escribió este reportaje ꟷenero 2019ꟷ, el proceso contra Willy Toledo por ofensas a los sentimientos religiosos sigue abierto, si bien la Fiscalía, que al principio ocupó el banco de la acusación e incluso pidió ampliar la investigación a otras publicaciones del actor, se retiró en noviembre de 2018 y dejó en solitario a los Abogados Cristianos)

En su misión por la defensa de los sentimientos religiosos, los Abogados Cristianos no están solos. Muchas veces les acompañan otras asociaciones ultracatólicas como HazteOir.org o el Centro Jurídico Tomás Moro, fundador del denominado Observatorio contra la Cristofobia. A veces también forman parte de la acusación órganos religiosos. Sin embargo, pese al aparente entusiasmo denunciador ꟷel Observatorio contra la Cristofobia cifra en 66 denuncias interpuestas en 2018ꟷ, la jurisprudencia del 525 es clara: no hay delito. En 24 años, sólo se recuerda una condena, la del joven que subió a Instagram un fotomontaje de su cara sobre el rostro de un cristo. La Hermandad de la Amargura de Jaén interpuso una querella contra Daniel Cristian Serrano, de 24 años, por ofensa a los sentimientos religiosos. La Fiscalía de Jaén pidió una multa de 2.160 euros para él, multa que finalmente fue rebajada a 480 euros una vez el joven reconoció los cargos, una decisión que tomó por recomendación de su abogada.

En los demás casos, el final es siempre el mismo: sobreseimiento o archivo. Esto no significa que no haya condenas por delitos contra los sentimientos religiosos en España, pero no suceden al amparo del artículo 525 del Código Penal, sino del 524 (impedir celebraciones religiosas) y, muy especialmente, del 510, el artículo que aborda los delitos de odio. Este artículo pena a quien fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos o personas individuales por motivos racistas, antisemitas o religiosos, entre otros supuestos. Según la Memoria Anual de la Fiscalía, en 2017 hubo 29 sentencias por delitos de odio amparadas en el artículo 510, en 2016 hubo una y en 2015, cuatro.

El artículo 510 puede parecerse en un primer momento al 525, pero sólo superficialmente. El 525 se ocupa de quien realice un comentario hiriente con ánimo de ofender (el escarnio), pero el 510 castiga a quien incite a la violencia o al odio. La libertad de expresión suele amparar a los acusados bajo el 525, pero rara vez sucede lo mismo con el 510 si efectivamente se demuestra que hay una llamada a la violencia. Las penas previstas para ambos delitos subrayan la gravedad de uno y otro: el artículo 525 está penado con una multa de ocho a doce meses; el 510, con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años. (Para observar esta y otras diferencias, además para profundizar en los artículos 525, 524 y 510, es muy recomendable leer el blog de infoLibre ‘Al revés y al derecho’, que contiene artículos especializados de Ana Valero o Joaquín Urías, entre otros)

Casi siempre es el mismo caso repetido

Un ejemplo paradigmático de cómo funciona un proceso contra los sentimientos religiosos fue el procedimiento judicial abierto en 2016 por los Abogados Cristianos y el Arzobispado de Pamplona y Tudela contra Abel Azcona, un artista que formó la palabra Pederastia con 242 hostias consagradas y expuso fotografías de esta escena en Pamplona.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso tintaLibre, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona concluyó que “la obra expuesta en el Monumento a los Caídos de Pamplona no constituye un escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la Iglesia Católica ni tampoco una vejación de quienes profesan o practican dichas creencias”. El juez no encontró delito alguno, así que desestimó la denuncia. Abogados Cristianos recurrió al Tribunal Constitucional, que archivó la causa. Esto sucedió en 2016, pero no terminó ahí el proceso. Un coleccionista adquirió la obra fotográfica de Azcona y la expuso meses después, a lo que Abogados Cristianos respondió con una nueva denuncia en los mismos términos que la anterior. La denuncia, admitida por el Juzgado de Instrucción de Berga (Barcelona), sentará en el banquillo a Azcona en el mes de febrero. En declaraciones recogidas por Europa Press en diciembre, Azcona, que hoy tiene 30 años, dijo: “la pieza no se ha vuelto a hacer, no se ha vuelto a blasfemar, es la misma. En Pamplona por lo menos estaba mi presencia, había una intencionalidad pero aquí es una pieza que un comisario se la lleva y la expone en otro sitio».

“Por pura estadística, en algún momento nos admitirán”, explica Alejandra Soto, del departamento jurídico de Abogados Cristianos. “Queremos dar ejemplo de que si vas a pasar la línea, o sea si no estás dispuesto a respetarnos [a los cristianos], ten en cuenta que habrá unas consecuencias. Aunque después se desestime [el caso], tendrás que ir igualmente a un juzgado a dar explicaciones de lo que has dicho”. “No es que los jueces nos den la razón o no, es el hecho de que no estamos dispuestos a que cualquier insulto salga gratis y ya solo por el hecho de tener que ir al juzgado pues quieras que no es una molestia”.

Para Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, “este delito está dando lugar a que se abran numerosos procedimientos que no deberían haberse abierto, al ser los hechos evidentemente irrelevantes para el Derecho penal. Esto está generando un ilícito efecto de retraimiento, de autocensura, para no enfrentarse no ya a una condena, que no puede recaer porque el hecho no es delito, sino a ser imputado, a ser llevado a los tribunales e incluso a mantenerse en los tribunales durante años como investigado”. Un ejemplo de proceso dilatado en el tiempo es el juicio a Javier Krahe por su receta para cocinar un cristo, un vídeo que se emitió en 2004 en el programa ‘Lo + Plus’, de Canal +, y que en 2006 fue usado como prueba para la denuncia interpuesta por el Centro Jurídico Tomás Moro por ofensa a los sentimientos religiosos. La absolución del cantante llegó seis años después, en 2012.

Cualquiera puede denunciar

Buena culpa de la facilidad con la que llegan las denuncias por el artículo 525 a los juzgados está en la acción popular. La acción popular es el derecho que tiene cualquier ciudadano a pedir la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos. La acción popular ha servido para destapar casos de corrupción, como el ‘Caso Bankia’, iniciado por UPyD, o algunos capítulos de Gürtel y los EREs de Andalucía. Sin embargo, esta práctica también admite, en palabras de Dopico, “usos filibusteros” como la repetición de denuncias por causas sistemáticamente desestimadas.

Ante el riesgo de filibusterismo, la Fiscalía debe cumplir un papel, explica Dopico. “El que alguien decida interponer una denuncia con poco fundamento jurídico es una cosa, pues las autoridades deben facilitar las condiciones para recibir el mayor número posible de comunicaciones de los particulares que han visto algo que les parece delictivo; pero otra cosa es que en conductas de las que no hay condenas en España, salvo ese extrañísimo caso por conformidad [joven de Instagram], la Fiscalía, que es el Estado, adopte posiciones de abierto apoyo a la acción punitiva, en ocasiones con un empeño y una fiereza dignos de otro cometido”. El caso de 2017 contra Dani Mateo y El Gran Wyoming por referirse al Valle de los Caídos como “esa mierda” se inició porque la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos envió un vídeo con el corte del programa a un juzgado de Alcorcón. La Fiscalía admitió el procedimiento y, tras llamar a declarar a los dos presentadores, el caso fue archivado.

Si el inicio y el final de los procesos judiciales del artículo 525 suelen ser idénticos, la almendra central del caso también lo es. Una vez admitida a trámite la denuncia, hay una meta volante por la que tiene que pasar el acusado y que es fundamental para el devenir del proceso: debe confesar si hubo intención o no de ofender. Recordemos que para que haya escarnio debe darse una burla pero también debe existir una intención de ofender. Así, el juez llama a declarar al acusado, le pregunta si su intención era ofender y si el acusado responde que no, el caso queda, por lo general, sobreseído.

El futuro del artículo 525

Por primera vez desde su revisión en 1995, el artículo 525 está sobre la mesa. En octubre de 2018, Unidos Podemos presentó una proposición de ley para reformar el Código Penal en materia de libertad de expresión, y sugirió la “derogación inmediata” del artículo 525.

Sólo un mes después de la propuesta de Unidos Podemos, la fiscal general del Estado, María José Sagarra, pidió una “reflexión sosegada” en torno a los delitos de odio, al tiempo que anunció su intención de instar a las fiscalías a seguir los criterios del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), más proclive que los tribunales españoles a proteger determinadas conductas bajo el amparo de la libertad de expresión. De hecho, el TEDH se ha pronunciado varias veces en contra de sentencias contra los delitos de odio por considerarlas desproporcionadas. Hay que recordar que el artículo 510 fue endurecido en 2015 para sancionar más severamente los delitos de odio canalizados a través de las redes sociales. Aunque la reflexión sosegada se centre en el artículo 510, no es imposible que en algún momento salga a colación el 525.

Para el catedrático en Derecho Penal Jacobo Dopico, “independientemente de si va a ser objeto de una derogación formal, el camino razonable del 525 es su aplicación extremadamente restrictiva de manera que solo se aplique para sancionar el discurso de persecución religiosa, es decir, allá donde la ridiculización es una agresión verbal llamada a instigar discriminaciones, a promover actos delictivos contra los creyentes de una religión. Así lo entendió la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2007”. “Fuera de ello”, continúa Dopico, “los casos de simple burla irreverente, irrespetuosa con los dogmas, no son delictivos y ese carácter hiriente a los sentimientos religiosos debe tolerarse y tomarse como uno más de los costes de la vida en común”, concluye.

Este artículo fue publicado en el número 66 de tintaLibre, en febrero de 2019.

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