Bono social de electricidad: cuando el algoritmo es ley, conocerlo debería ser un derecho

En mayo, la Fundación Civio solicitó al Gobierno información completa sobre el software que decide quién tiene derecho a beneficiarse del bono social de electricidad (un descuento en la factura eléctrica dirigido a hogares vulnerables). La petición estaba motivada porque en la Fundación recibieron denuncias de personas que tenían derecho a las ayudas pero tal software se lo negaba. Como respuesta a la petición de información, el Gobierno mandó sólo parte de lo pedido, guardándose el código del software, pero fue suficiente para que desde la Fundación comprobaran que efectivamente el programa negaba la ayuda a quienes tenían derecho a recibirla.

Con la certeza de que había algo mal en el software que había mandado desarrollar el Gobierno, la Fundación insistió en ver el código. Esta vez contactaron con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien denegó la petición aludiendo a que el código estaba protegido por la propiedad intelectual. La respuesta de la Fundación Civio fue presentar un recurso contencioso-administrativo para obligar al Gobierno a publicar el código del software. Javier de la Cueva, abogado y patrono de Civio, preparó y presentó el recurso.

Reivindicamos que cuando el software entra a regular derechos y deberes de los ciudadanos, es decir, tiene funciones normativas como si fuera una ley, tiene que tener los mismos requisitos de la ley”, explica De la Cueva. «Y estos requisitos son: 1) que el acceso al código sea público, 2) que la propiedad del código sea dominio público, como es la ley, y 3) la escritura del código tiene que estar a cargo de un grupo especializado de gente que se encargue de la escritura de este código porque haya una ley que así lo estipule, como ocurre con la escritura de las leyes.»

El caso denunciado por la Fundación Civio hace referencia a un trámite ciudadanía-administración que está automatizado. Ante la pregunta ¿Tengo derecho a obtener el bono social eléctrico?, una máquina selecciona datos de aquí y de allá, los combina y responde en segundos sí o no. Es un procedimiento frío, rápido y no deja margen para una reclamación temprana. Un ejemplo de lo que nos espera pasado mañana: la automatización de la burocracia y el riesgo derivado de que falte transparencia en la toma de decisiones.

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